PROTESTAS PERUANAS | ENERO 2023
DERECHOS HUMANOS EN PROTESTAS
PERUANAS DE ENERO DE 2023
Victor Jesús David Menacho Ramirez[1]
Sumario: 1. Introducción, 2. El derecho a la reunión, ¿ejercido incorrectamente?, 3.
El uso de la fuerza, ¿podemos condenar a todas las autoridades estatales? 4. Acciones que deben realizar las partes envueltas, 5. Hechos acontecidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 6.
Sector salud en las manifestaciones, 7. Cierre de la presente entrada, 8. Conclusiones.
1.
Introducción
Hoy 21 de enero de 2023, pasadas 7 semanas tras el
fallido golpe de Estado realizado por el expresidente Pedro Castillo, actualizo
mi posición respecto a los derechos que se están ejerciendo y los que se están
vulnerando en medio de las manifestaciones.
Cabe resaltar que, lo siguiente sigue en la misma línea
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), y siguiendo
parámetros establecidos en las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH).
El Estado peruano debe buscar preservar y tutelar la vida
e integridad de las personas en los contextos en que nos encontramos; no
obstante, no podemos menoscabar las acciones que algunos protestantes y algunos
policías están realizando de manera correcta.
Las malas ejecuciones de derechos realizadas por algunos
vándalos y otros policías abusivos, deben ser resueltas en los tribunales
internos con la verdad absoluta, mediante acervo probatorio, diligencias y
pericias que realizarán los profesionales en cada materia.
A lo largo de la presente entrada, se realizará un
análisis de la actualidad peruana y de la relación que tienen con las diferentes
normativas que rigen en nuestro país. Mi punto de vista es totalmente imparcial,
neutral y basado en fuentes reconocidas.
2.
El derecho a la reunión, ¿ejercido
incorrectamente?
En el inciso 12 del artículo 2 de la Constitución
Política del Perú se protege el derecho a reunirse de manera pacífica y sin
armas; al ejercer este derecho fortalecemos de manera directa a la democracia.
Aquí parte la primera problemática, y es que, durante las
manifestaciones se han podido ver actos de vandalismo, violencia y disturbios
de todo tipo, que terminan menoscabando a los ciudadanos que han venido de
distintas partes del interior del Perú para alzar su voz y reclamar a las autoridades
estatales lo que consideran injusto.
Se ha visto mediante los medios de comunicación
tradicionales y alternativos que, muchos ciudadanos no saben cuál es la razón
de su protesta, o entre sus pedidos están: i) la renuncia de la
presidenta Dina Boluarte; ii) una asamblea constituyente; iii)
cambio de la Constitución, en su mayoría se exige el cambio total; iv)
adelanto de elecciones.
El chilling effect que ya se ha explicado en la
primera entrada de este blog, (publicación del 21DIC2022)[2]
no se ha dado, porque los ciudadanos no se han abstenido de realizar sus
protestas, a pesar de algunos abusos cometidos por los agentes estatales, de lo
cual hablaremos más adelante.
3.
El uso de la fuerza, ¿podemos
condenar a todas las autoridades estatales?
Las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley tienen que
distinguir a los protestantes de quienes ejercen violencia de los que no; una
vez hecho esto, no pueden abusar de su poder y tienen que actuar de manera
proporcional, necesaria, legítima y excepcional, y siguiendo los parámetros que
se les enseña contra los vándalos y causantes de disturbios.[3]
Si alguien actúa a nombre del Estado peruano y viola algún
derecho reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), será labor
de los tribunales internos realizar los procesos siguiendo la verdad material
de los hechos, y hacer justicia para los agraviados; en caso no se realice ello,
se puede llegar a declarar al Perú como responsable internacionalmente una vez
agotadas las vías internas.[4]
En el caso Rojas Marín Vs. Perú del 2019 se dice que “el
Estado indicó que se han realizado múltiples cursos con “contenidos del Manual
de Derechos Humanos aplicados a la función policial y temas de derechos humanos
y uso de la fuerza”[5], no
obstante, hay efectivos policiales y militares que actúan sin respetar lo
aprendido, lo cual genera mucha disconformidad en la población y esto hace que condenen
a todos los policías y militares como abusivos.
4. Acciones
que deben realizar las partes envueltas
El Estado
tiene que realizar investigaciones de manera inmediata, sin dilación, además
que deben ser imparciales y efectivas para todas las victimas; se debe esclarecer
las circunstancias de la muerte y dar con el paradero de los responsables para
que no se vulneren las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos
y poder hacer justicia para los fallecidos y sus familiares.
El
Estado tiene que prestar los servicios médicos a los heridos, tanto a los
policías, militares y los civiles; además de realizar la notificación a los
allegados de las víctimas. Estos deberes son un deber jurídico y no una simple
formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.[6]
Entonces, el Estado debe suministrar recursos judiciales efectivos que vayan de
acuerdo a las reglas del debido proceso, derechos reconocidos en el artículo 8
de la CADH.
El
día de hoy se realizó un desalojo en la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, donde se intervino a más de 200 personas; esta labor se realizó con
fiscales, y los intervenidos han sido llevados a la Dirección Contra el
Terrorismo (DIRCOTE) y a la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) respectivamente.
5. Hechos
acontecidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
En
primer lugar, la DIRCOTE y la DIRINCRI se encargan de realizar investigaciones,
denunciar y combatir el, terrorismo y la delincuencia respectivamente, dentro
del Perú; y la motivación de llevar a algunas personas hacia estos lugares se
han hecho públicas: i) robo de equipos y agresión contra el personal de
la Universidad; ii) el alojamiento sin el permiso de las autoridades
universitarias.[7]
En segundo
lugar, se había realizado ya una denuncia hecha el 20ENE2023 por el apoderado
judicial de la Universidad a la Comisaría Unidad Vecinal 3 y la Fiscalía Penal
de Turno, alegando el ingreso al campus universitario de 300 personas
aproximadamente, estas agredieron y dañaron la propiedad pública.
En
tercer lugar, respecto al empleo del vehículo multipropósito en el campo
universitario, fue obedeciendo el principio de necesidad y de asegurar la
integridad de los efectivos y de los ciudadanos intervenidos.
“No
hubo un solo herido y la intervención se ha llevado dentro del marco de la ley,
sin inconvenientes”, destacó Romero Fernández, el ministro del Interior, y que
todo el operativo cumplió con la ley y respetó los derechos humanos.[8]
Sin
embargo, también está la declaración de una estudiante, que menciona la
agresividad de los efectivos policiales con las siguientes palabras:
"Le consultamos cuál era la autorización o la orden que le habían
dado. En nuestro caso nos contestaron que no había ninguna orden, que
simplemente estamos en estado de emergencia y que ellos tienen todo el derecho
de intervenir cualquier espacio, vulnerando derechos fundamentales como la
integridad y la infraestructura que tiene la universidad. Ni siquiera
está la Defensoría del Pueblo presente, ninguna autoridad que no sea la Policía
que está maltratando ahora a las personas" (RPP, 2023, s.p.)[9]
Será
labor del Ministerio Público la de recabar pruebas, fotografías, vídeos, testimonios,
entre otros, para poder esclarecer los hechos y que se pueda dar con la verdad
y sancionar a los responsables si hubiese violaciones de derechos humanos.
Respecto
al tema del terrorismo, el general de la Policía Nacional del Perú, Óscar
Arriola, aseguró que en las protestas hay gente vinculada a la Organización
Terrorista Sendero Luminoso (OTSL), ya que algunos detenidos en Ayacucho, entre
ellos Rocío Leandro Melgar, están vinculados con la Nueva Fracción Roja de la
OTSL, y han participado antes, durante y después de los actos violentos registrados
en las manifestaciones.
Expresamente
dijo: “La camarada Cusi también fue captada repartiendo dinero para la
movilización pactada para este fin de semana, lo que significa el planeamiento
de la misma. Las evidencias que tenemos son incuestionables”; por lo que se
entiende que el terrorismo aún está presente en el Perú, lo que se debe
eliminar tajantemente.
El que
también es jefe de la DIRINCRI, mencionó que:
“No sostenemos que en las protestas todos son terroristas, pero la
población, que ejerce su legítimo derecho a la protesta, debe saber que a su
lado tienen a gente vinculada a Sendero Luminoso. No tenemos dudas de ello.
Hemos realizado observación, vigilancia y seguimiento, así como escuchas legales
que corroboran todo.”
Esto
es lo que muchas personas deben entender, no se trata de terruquear a
la población que ejerce su derecho a la reunión, más bien se trata de proteger
a los que están dentro de las manifestaciones de los terroristas, e identificar
a los responsables de causar atrocidades como quemar a un policía vivo dentro
de un patrullero en Puno, hecho realizado el 10ENE2023.[10]
6. Sector
salud en las manifestaciones
Ya
se ha hecho mención las diligencias que deben prestar los servicios de
emergencia en materia de salud y ayuda a la ciudadanía deben ser inmediatas,
por lo que el Ministerio de Salud ha anunciado que más de 1500 ambulancias se
encuentran recorriendo por todo el país, y que más de 24 mil establecimientos
de salud están operativos y a disposición de la población.
La
ministra de salud ha hecho “un llamado a permitir el paso y la atención de
pacientes y heridos que se encuentran varados tras los bloqueos de carreteras
en todo el país.”; y es lo que también tienen que tener en cuenta los
manifestantes, que a pesar de marchar por el pueblo, les importa poco o nada el
hecho de que por su culpa y los bloqueos están perdiéndose vidas y se está
afectando a la sociedad.
7.
Cierre de la presente entrada
Como en diciembre, vuelvo a mencionar que la
ejecución del derecho a la reunión no puede ni debe dañar derechos o libertades
de los demás; y, será producto de las investigaciones esclarecer los hechos y
ver si los lamentables fallecidos en estas protestas han realizado actos
vandálicos dentro de la misma; y de verificar si ha habido ejercicios abusivos
de la fuerza por parte de policías o militares.
Las
calles no pueden ser bloqueadas, ¡esto lo único que hará es provocar
negatividades! Entre ellas, alzar los precios de productos del interior del
país para otras partes del mismo, afectar la movilización de ambulancias,
bomberos, y otro equipo de ayuda que quiere tutelar vida e integridad de los
ciudadanos, etc.
Los
allegados de las víctimas y ellas mismas deben tener disponibles recursos
judiciales efectivos, por lo que el Estado peruano debe suministrarle los
necesarios, tales como hábeas corpus para los que están privados de su
libertad, denuncias de toda índole cuando se vulnere derechos
fundamentales de los ciudadanos, entre otros.[11]
A
fecha de 20 de enero de 2023:
Estas
cifras ya no deben seguir sumándose, por lo que al igual que muchos ciudadanos,
hago un llamado al diálogo pacífico y sin armas de las partes.
8. Conclusiones
El
derecho a la libre expresión no es sinónimo de desorden público, y el uso de la
fuerza no puede ser desproporcional ni arbitrario, ya que ambas estarían vulnerando
derechos humanos del grupo de las personas que están manifestando de manera correcta.
El Estado debe velar por adoptar medidas positivas para garantizar su ejecución
de manera pacífica y sin armas.
En
el Perú hay un aprendizaje incompleto aún, por parte de ambos bandos, ya que no
se pueden vulnerar derechos humanos. Los agentes estatales deben respetar los
derechos de los protestantes y éstos deben ejercen sus derechos de manera
correcta. Debe estar sumamente prohibido volver a aceptar actos injustificables
con violencia, como sucedió en NOV2020; es necesario el cambio y la actuación
de las autoridades estatales ya.
La
presidenta Dina Boluarte, en sus dos mensajes a la nación, ha mostrado un
rechazo hacia la violencia y agresión de un grupo de manifestantes, y ella debe
priorizar, junto a su gabinete ministerial, el respeto de los derechos humanos
del otro grupo pacífico; los policías deben seguir actuando bajo la ley, y se
deben sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos
humanos.
El
incendio, las muertes, los heridos, el patrimonio dañado y todo lo realizado en
las protestas se tendrá que remediar, y se tiene que evitar más atrocidades. Termino
esta entrada con la fe de que mi país tendrá un futuro vencedor, y que estos
hechos no quedarán impunes, siendo la justicia la victoriosa.
Muchas
gracias por leer.
[1] Estudiante del
quinto ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú.
Lima, Perú.
[2] Enlace de la entrada de blog respecto a la situación de los derechos
humanos en diciembre de 2022 en el Perú: https://derechovictormenacho.blogspot.com/2022/12/estado-peruano-y-derechos-humanos.html
[3] El artículo 14 de la Constitución Política, junto a algunas
sentencias de la Corte IDH que versan sobre el uso de la fuerza por agentes
estatales, nos menciona que la formación ética debe tener como pilar los
derechos humanos, tanto para los procesos educativos civiles y militares. Por
ello es que, todos los militares y policías deben estar formados en base a respetar
los derechos humanos de todas las personas.
[4] El artículo 31 del Reglamento de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y el artículo 46.1. de la CADH nos menciona que para que
una petición sea admitida por la Comisión se requiere interponer y agotar todos
los recursos de jurisdicción interna; no obstante, el artículo 46.2. establece las
circunstancias eximentes de esta excepción preliminar.
[5] Corte IDH. Caso
Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12
de marzo de 2020. Serie C No. 402, párr. 247.
[6] Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú, supra,
párr. 351.
[7] Jeri Ramón Ruffner
mencionó que “como rectora no he autorizado nada. Tampoco se ha coordinado con
ningún gremio. Es la federación de estudiantes que son 30 personas y gente
infiltrada que ha estado saliendo en la madrugada y ha tomado la universidad”. Enlace: https://www.infobae.com/peru/2023/01/19/san-marcos-rectora-de-unmsm-denuncio-que-guillermo-bermejo-acudio-a-universidad-para-azuzar-a-manifestantes/
[8] Comunicado del
Ministerio del Interior mediante su cuenta de Twitter. Enlace: https://twitter.com/MininterPeru/status/1616926619259789314
[9] RPP. Más de 200 personas fueron intervenidas tras
desalojo en San Marcos, informó la Fiscalía. 21 de enero de 2023. Recuperado
de: https://rpp.pe/lima/actualidad/unmsm-mas-de-200-personas-fueron-intervenidas-tras-desalojo-en-la-universidad-informo-la-fiscalia-noticia-1461539?ref=rpp
[10] CNN. Policía muere en Perú tras ser quemado en el
marco de las protestas en Puno. En dos días consecutivos ya suman 18 muertos. https://cnnespanol.cnn.com/2023/01/10/policia-muere-peru-quemado-protestas-puno-suman-18-muertos-orix/
[11] Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y
otros Vs. Venezuela, supra, párr. 250.